Bogotá. Miles de simpatizantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, marchan este martes en Colombia para exigir la aprobación de sus reformas por parte del Congreso, donde el Ejecutivo carece de mayorías para darles luz verde.

En las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali los manifestantes caminan con banderas y carteles a favor de las reformas al sistema laboral y el de salud, puntas de lanza del primer gobierno de izquierda de Colombia.

El miércoles pasado congresistas opositores de una comisión especializada firmaron una ponencia para archivar el proyecto de ley que pretende reformar las condiciones de los trabajadores, dejando esta iniciativa herida de muerte.

Petro denuncia un "bloqueo institucional" y decretó un día cívico para permitir a los servidores públicos asistir a la jornada de protesta.

Mientras avanzan las manifestaciones de sindicatos, indígenas y estudiantes, los parlamentarios discuten al interior del Congreso.

"Estamos listos para desmontar una por una las falacias que se han esgrimido contra una reforma tan necesaria", dijo a los medios el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presente en la marcha.

Tras el golpe de los congresistas contra la reforma laboral, Petro anunció que iba a convocar a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida su futuro.

"Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir", dijo entonces el mandatario.

Antes el Legislativo venía cerrando la puerta a la reforma a la salud, con la que el gobierno quiere disminuir la participación de los privados en el sistema.

Se espera que Petro se una a la marcha en la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital de 8 millones de habitantes.

El dirigente izquierdista llegó al poder el 7 de agosto de 2022 con el respaldo del Congreso, que aprobó una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los más ricos.

Pero luego el romance se terminó y desde entonces el mandatario apela a sus seguidores para mostrar el apoyo a sus proyectos ante el Legislativo.

La oposición asegura que el llamado a una consulta popular, que debe ser aprobada por el Congreso, es en realidad el inicio de una campaña oficialista con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Petro no puede participar por ley.