Madrid. El gobierno español abrió un expediente sancionador a la plataforma de alquiler de departamentos turísticos Airbnb, tras no obedecer sus advertencias para que retirara de su página miles de anuncios de viviendas sin licencia turística, indicaron este miércoles varias fuentes.

La Dirección general de Consumo abrió el expediente tras enviar varios requerimientos a la plataforma para que eliminara estas ofertas, sin que hayan surtido efecto, según explicó el Ministerio de Consumo en un comunicado, que no cita directamente el nombre de la empresa.

El ministerio había iniciado en junio su investigación enviando una petición a diversas plataformas de alquiler de departamentos turísticos para obtener información sobre las viviendas que anunciaban. Acto seguido les mandó un requerimiento instándolas a retirar “de forma inminente” miles de ofertas consideradas fuera de la legalidad.

Pero, meses después del inicio de la investigación, “y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados”, la administración decidió abrir el expediente sancionador “a esta plataforma por no dar solución al problema detectado”.

Las infracciones, de acuerdo con el Ministerio, podrían derivar en multas de “hasta 100 mil euros”, cantidad que podría sobrepasarse “hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”, indica la nota.

Tanto una fuente próxima a la investigación como la propia empresa confirmaron a AFP que la plataforma afectada era Airbnb, que aseguró que apelará la decisión.

“Airbnb siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma”, defendió una portavoz de la compañía.

El anuncio de esta investigación llega en momentos en que en España se multiplican las críticas contra los departamentos turísticos, acusados de fomentar la escalada de los precios de las rentas en las grandes ciudades al reducir la cantidad de viviendas disponibles para los residentes.

En un intento por frenar el descontento, la alcaldía de Barcelona anunció en junio su intención de extinguir las licencias de los alrededor de 10 mil departamentos turísticos que hay en la ciudad de aquí a finales de 2028. En Málaga, la alcaldía decidió que no autorizará nuevas viviendas vacacionales en 43 barrios de la ciudad.

Estas medidas son alentadas por el gobierno de izquierda español, que trabaja en la creación de un registro de viviendas turísticas para luchar contra el alquiler ilícito de algunos apartamentos.

El Ministerio de Consumo anunció la semana pasada otra investigación dirigida a las empresas que gestionan gran cantidad de viviendas turísticas en las plataformas de alquiler, acusadas de hacerse pasar de forma engañosa por particulares para seducir a potenciales clientes.