Buenos Aires. El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado impuesta en 2022 a la ex presidenta Cristina Fernández, la principal figura política de las últimas dos décadas.

La medida no implica que la también ex vicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.

Pocos minutos antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su resolución, Fernández, de 71 años, había difundido un video en X, antes Twitter, en el que anunció que se dirigía a una localidad a las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad con la intendenta (alcaldesa) Mariel Fernández y 400 mujeres”. La ex mandataria terminó su mensaje tirando un beso al aire.

Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta consideró que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción Lázaro Báez y varios ex funcionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.