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Ofrecen disculpas públicas a habitantes de Jalisco afectados por presa

Arturo Medina Padilla estuvo en Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, donde encabezo el "Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del estado mexicano a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por el caso de los daños sufridos por la construcción de la presa El Zapotillo. Foto Arturo Campos Cedillo
Arturo Medina Padilla estuvo en Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, donde encabezo el "Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del estado mexicano a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por el caso de los daños sufridos por la construcción de la presa El Zapotillo. Foto Arturo Campos Cedillo
14 de junio de 2024 18:47

Representantes de los gobiernos federal y del estado de Jalisco ofrecieron hoy disculpas públicas a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicados en dicha entidad del occidente del país, por las afectaciones generadas por el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo.

En un acto realizado este viernes en Temacapulín, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Arturo Medina Padilla, destacó la resistencia de los pobladores que iban a resultar perjudicados por el mencionado proyecto, y admitió que éste causó “incertidumbre” entre las comunidades.

“Desde 2005 (año en que se anunció la presa) hasta el 2021, la gente de esta región no tuvo paz. Durante años, las autoridades no protegieron a las comunidades que estaban bajo su cuidado. La presa ‘El Zapotillo’ amenazaba con borrar siglos de historia, cultura y vida comunitaria”, admitió el funcionario.

Sin embargo, “en medio de la adversidad, la fuerza y la resistencia de las comunidades, se mantuvieron firmes. Durante años, lucharon incansablemente por su derecho a permanecer en sus hogares, por su derecho a preservar su patrimonio cultural y a un futuro digno”.

Luego de externar una disculpa a los pobladores en nombre del Estado mexicano, Medina admitió que éste violó los derechos de las comunidades a la vivienda digna, la participación en la formulación de planes de infraestructura, la manifestación, la información, la paz social, el agua y la libertad de asociación, entre otras garantías fundamentales.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, envió un mensaje en video en el cual reiteró una “gran y sentida disculpa” a los habitantes de los tres pueblos y destacó que en noviembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un Plan de Justicia Integral para las comunidades, entre cuyos compromisos estaba el evitar la inundación del área.

Asimismo, se declaró la creación de una zona de restauración ecológica de la región aledaña a la presa “El Zapotillo”, de más de 20 mil 800 hectáreas, además de diversos proyectos de rescate de los ríos Verde y Ancho, actividades de reforestación y remozamiento de diversos inmuebles con valor cultural y educativo.

A nombre de las comunidades, Oscar René Sandoval Becerra, representante de Palmarejo, rememoró cómo diversos funcionarios federales y estatales del tiempo en que surgió el proyecto trataron de convencerlos con engaños y amenazas de vender sus tierras y no oponerse a la inundación de los pueblos.

“Autoridades y empresas se organizaron para engañarnos y despojarnos, buscando sólo sus ganancias económicas, cargadas de corrupción”, dijo Sandoval, quien señaló que muchos lugareños fueron enviados a sitios sin agua, sin servicios médicos y vigilados las 24 horas por guardias privados, “provocando con ello un rompimiento del tejido social entre los pueblos y sus familias”.

En ese contexto, afirmó que los pobladores aceptan las disculpas del Estado mexicano, siempre y cuando exista un compromiso claro de no repetición de los hechos.

Al acto también acudieron representantes del gobierno del estado de Jalisco, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y la comisión presidencial encargada de hacer cumplir el Plan de Justicia Integral anunciado hace tres años por López Obrador.

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