Al cumplirse el pasado 8 de mayo un año de la publicación de la Ley de Minería, diversos grupos sociales agrupados en Cambiémosla Ya, y que llevan lustros denunciando los daños que dicha actividad causa en el país, hicieron un llamado a los partidos políticos a fin de consolidar los avances logrados en favor del ambiente y la población gracias a dicha ley.

El nuevo orden legal derogó, reformó y adicionó importantes disposiciones sobre el funcionamiento de esa industria, además de otras relacionadas con ella: la de Aguas Nacionales, el Equilibrio Ecológico y la General de los Residuos.

Entre los cambios más importantes están: la obligatoriedad de la consulta vinculada al consentimiento antes de dar una concesión; los planes de cierre y poscierre para proyectos mineros; la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas con estrés hídrico; la miniería submarina y el freno a la especulación. Estos logros son fruto de la lucha de pueblos y comunidades por acabar con los abusos y daños que les ocasionaba esa actividad.

Mas la nueva ley se encuentra en revisión en la Suprema Corte por la demanda que elevaron integrantes de los partidos PRI, PAN y PRD, alentados por personeros de la citada industria. No sólo eso: la Secretaría de Economía no cumple aún con su obligación de publicar el reglamento de la nueva ley. Todo ello favorece al viejo orden establecido en 1992. Su fruto: una minería depredadora de recursos naturales, en especial el agua, y que altera radicalmente la vida social y económica de las comunidades donde funcionan dicho negocio.

Con motivo del proceso electoral que culmina el 2 de junio próximo, el colectivo Cambiémosla Ya encabeza un gran movimiento de comunidades, academia y organzaciones sociales y ambientales en pro de consolidar lo positivo de la nueva ley. Y no permitir que los grandes intereses impongan de nuevo su reinado. Entre otras cosas les preocupa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda ser influenciada por poderosos intereses mineros que buscan que declare inconstitucional la nueva ley, lo que sería una enorme regresión.

Existen otros temores. Por un lado la desafortunada declaración de la candidata X de no “satanizar a la minería”, cuando se trata de regularla, minimizar sus impactos en la naturaleza y poner en primer lugar los derechos de pueblos y comunidades a gozar de un ambiente sano. Y eliminar los privilegios de ese influyente sector económico, en buena parte en manos de emporios trasnacionales. Cabe recordar que la candidata X tuvo a su cargo el bienestar de las comunidades indígenas en el sexenio del señor Fox. Debió entonces conocer los daños que les causaba la minería, como en Oaxaca.

Por su lado, el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, habla de imponer un “impuesto verde” a la industria citada como forma de compensar los tremendos daños que deja en la naturaleza y el tejido social cuando se les permite funcionar sin cortapisas. Nada de “impuesto verde”, máxime que dicha industria paga muy poco al fisco, mientras obtiene utilidades multimillonarias.

Y mucho más les preocupa que Claudia Sheinbaum, quien encabeza las encuestas rumbo a la próxima elección presidencial, cuente con un equipo de campaña que celebró dos reuniones de “acercamiento” con el sector minero. Las organizó Pedro Álvarez Icaza. El tema: minería y medio ambiente y el eslogan “con Claudia naturalmente”. Participaron en ellas abogados, cabilderos e integrantes de la Cámara Minera; no invitaron a las comunidades agrarias, pero sí a empresas, como el Grupo México, del segundo hombre más acaudalado del país. Es dueño de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, origen del mayor desastre ecológico registrado en la minería nacional. Afectó severamente el ambiente y entorno del río Sonora y un enorme daño a la salud y a la economía de miles de familias.

Parecería que en el equipo de la candidata de la 4T, existe la convicción de que la ley vigente la desechará la SCJN. Y entonces hay que elaborar otra que tenga el aval de la industria.

El deber del próximo gobierno es regular al máximo el quehacer de las mineras extranjeras y nacionales. Y así conservar el ambiente y la calidad de vida de las poblaciones, arrasadas por esas explotaciones.