Campeche, Camp. El consejero jurídico del Gobierno del estado de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vásquez, amenazó con proceder penalmente contra los siete policías campechanos que acudieron a la Ciudad de México a solicitar audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a exponer el conflicto que enfrentan ante las cámaras de Senadores y de Diputados Federales, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Alcudia Vásquez argumentó que los elementos policíacos que también dieron a conocer su versión de los hechos en los noticieros de la capital del país, ya fueron dados de baja de manera definitiva de la corporación policíaca y por tanto no pueden portar ni los uniformes ni insignias de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
En conferencia de prensa junto con el secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, el consejero jurídico del estado rechazó igualmente que se haya violado el amparo que protege a los policías, al dar de baja a siete de ellos.
Alcudia Vásquez sostuvo que los uniformados han sido engañados y manipulados en torno a los alcances de la suspensión provisional que les fue concedida, la cual de ninguna manera paraliza los procedimientos administrativos, disciplinarios o penales que se pueden implementar en contra de ellos por las faltas en que incurran.
Por ello, indicó que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de las SPSC para cesar de manera definitiva a siete elementos, está apegada a derecho y tiene que ser acatada. “Esas personas ya no
pueden portar uniformes ni insignias de la corporación o hablar a nombre de los policías. Incurren en un delito que amerita penas de hasta cuatro años de prisión…” advirtió.
Durante una entrevista en un noticiero radiofónico, Alcudia Vásquez admitió que además de los siete policías cesados, se podría tomar la determinación de dar de baja a la totalidad de los 945 que promovieron el amparo, y que se han negado a reincorporarse a sus labores en la sede alterna de la SPSC que decidió la gobernadora Layda Sansores que sea en la Academia de Policía.
Toledo Jamit por su parte, reiteró que hay disposición al diálogo para llegar a acuerdos, hizo un llamado a los inconformes para que se reporten a la sede alterna y que no habrá represalias contra ellos. Solo se busca garantizar que haya vigilancia a favor de los ciudadanos, por eso se les insiste en el exhorto a que devuelvan las patrullas y las armas que tienen bajo su resguardo desde hace más de 45 días.
El funcionario rechazó que esté en riesgo la vigilancia policiaca durante el proceso electoral, pues este conflicto debe resolverse antes de esa fecha.
