Ciudad de México. La nueva ley sobre desaparición y búsqueda de personas para el estado de Baja California representa un importante avance para la protección jurídica de las personas en esta condición. Sin embargo, para “asegurar su efectiva implementación”, es necesario garantizar un presupuesto adecuado y el derecho a la participación de las familias en los procesos de búsqueda, localización e identificación de sus seres queridos, enfatizaron la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Destacaron que esta ley es la primera a nivel estatal en incluir un capítulo específico sobre identificación humana, que reconoce el derecho de toda persona a ser identificada y establece la obligación de las autoridades de colaborar en los procesos científicos de identificación.

Asimismo, contempla los elementos mínimos que deben tener los protocolos de identificación, para que las autoridades competentes cuenten con estándares homologados.

Además, este marco normativo establece la organización y operación de la Comisión Local de Búsqueda y su coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, señalaron.

La ONU-DH y el CICR subrayaron que será fundamental que en la aplicación de la Ley sobre desaparición y búsqueda de personas de Baja California, las autoridades “cumplan con sus atribuciones en la recuperación de cuerpos” de personas fallecidas y “aseguren una adecuada trazabilidad” que permita seguir su rastro.

Asimismo, hicieron un llamado a “definir de forma transparente” los requisitos de consulta pública para la selección del titular de la Comisión Local de Búsqueda.

Al destacar “la incansable labor” de las familias de personas desaparecidas en la construcción de este marco jurídico, a través de mesas de trabajo convocadas para el diseño de la ley, las organizaciones alentaron a la pronta promulgación de esta legislación aprobada el pasado 31 de marzo.

Enfatizaron la necesidad de garantizar el derecho a la participación conjunta de las familias en todas las etapas del proceso legislativo, pues “son sus experiencias las que deben constituir el eje central” de la ley en la materia, para responder integralmente a sus necesidades.