Ciudad de México. Integrantes del Observatorio Agrario, de la Liga de Abogados Primero de Diciembre y de la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, entre otras agrupaciones criticaron la remoción de Larisa Ortiz, quien el 15 de diciembre pasado fue electa magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario (TSA).

Explicaron que el 5 de marzo pasado, en una sesión administrativa del pleno del TSA, los magistrados eligieron a Claudia Velázquez como magistrada presidenta del TSA, estando en funciones Ortiz, quien llevaba solo tres meses en el cargo, y ello ocurrió sin mediar alguna destitución o renuncia de su parte.

En conferencia de prensa, explicaron que ante esa situación Ortíz interpuso un amparo, el cual consideraron debe ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Nayar Paredes, presidente del Observatorio Agrario y César Cruz, representante de la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas detallaron a La Jornada que a fin de que esta situación se resuelva, lo ideal sería que la SCJN, “ya sea en sala o en pleno resuelva la controversia”.

Señalaron que Ortiz, quien fue propuesta al Senado para integrar el TSA por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue electa presidenta del TSA a mediados de diciembre para un periodo de tres años, “sin embargo en una sesión administrativa del pleno del TSA realizada la semana pasada, y sin que en el orden del día estuviera establecida la remoción y establecimiento de una nueva presidencia, sus pares efectuaron una nueva elección en la que Velázquez fue designada al cargo”.
Sergio Soto, de la Liga de Abogados Primero de Diciembre explicó que aunque el amparo indirecto 513/2024 fue admitido a trámite en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dada la trascendencia del asunto los ministros deberían ejercer su facultad de atracción “puesto que está en una incertidumbre jurídica la legalidad de sesión y los acuerdos celebrados en ausencia de Ortiz”.

Exigieron al TSA que informe sobre los motivos de dicha decisión y denunciaron que “no se siguieron los procesos que establece la ley”, por lo que su reemplazo sería “presuntamente ilegal”.
La “repentina” remoción de Ortiz careció de un proceso transparente y explicación clara por parte del TSA y aseguraron que “la designación de la nueva magistrada presidenta ha sembrado incertidumbre en la justicia agraria del país”.

Paredes subrayó que “la actual situación está poniendo de claro peligro la justicia de los campesinos del país, dado que estos tribunales atienden a la jurisdicción agraria que representa al 51.4 por ciento del total del territorio nacional, que es propiedad de 32 mil núcleos agrarios que representan a los sujetos agrarios individuales y colectivos; estamos hablando de un tribunal que permite la paz social en el campo mexicano”.

Cirina Castillo, de la Red Nacional de Mujeres Agraristas, dijo que “la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
“El Tribunal Superior Agrario y la magistrada presidenta, recientemente electa, Claudia, se han abstenido en forma inexplicable de hacer pública el acta de sesión del pleno del TSA con fecha del 5 de marzo del 2024”, denunciaron.

“Desde el Observatorio Agrario instamos, muy respetuosamente a los magistrados de los Tribunales Agrarios, que merecen todo nuestro respeto, a que garanticen la institucionalidad, encuentren una salida jurídica pertinente que devuelva certeza a los tribunales agrarios de este país y que devuelva y en forma indubitable, el buen nombre y el prestigio de la magistrada Larisa Ortiz Quintero, quien no puede, bajo ningún concepto, ser víctima de violencia, ni mucho menos de ilegalidad.

“Si eso le pasa a una magistrada de los tribunales agrarios, qué puede pasarle a un campesino en nuestro país”, expuso Paredes.

Soto, destacó la importancia de garantizar la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de administrar justicia, especialmente en un contexto donde los derechos de los pueblos indígenas y campesinos están en juego.

Argumentó que la destitución de Ortiz Quintero habría sido ilegal porque “no se le respetó su derecho de audiencia, no se respetó el principio de motivar y fundamentar su destitución como magistrada presidenta para el periodo diciembre 2023 a diciembre 2026, ni tuvo el debido proceso legal. Se le imposibilitó su derecho de defensa, y aportar pruebas”.

Insistió en que “la magistrada tampoco presentó su renuncia al cargo ni pidió licencia o se ausentó definitivamente para que se nombrará una nueva presidenta”.