El Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la protección de la justicia federal a una mujer soldado, al demostrarse la violencia institucional que sufrió luego de denunciar acoso sexual.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que en la sentencia, la jueza consideró que las acciones tomadas en contra de la quejosa constituyen una cadena de eventos que, temporal y lógicamente, indican un nexo causal.

La togada advirtió que el patrón de conducta en el que incurrieron las autoridades militares revela una dinámica de represalia directamente relacionada con su denuncia de hostigamiento sexual, ya que en menos de dos meses la trasladaron de Jerécuaro, Guanajuato a San Juan del Río, Querétaro; luego estuvo en las instalaciones de la Policía Militar en Irapuato, Guanajuato, hasta que el 15 de mayo de 2023, la trasladaron a Apodaca, Nuevo León.

La impartidora de justicia concluyó que estos traslados, lejos de ser movimientos rutinarios, fueron medidas punitivas destinadas a ejercer presión sobre la quejosa, lo cual es indicativo de violencia institucional con el fin de aislarla, desestabilizarla o castigarla por haber denunciado el hostigamiento. Asimismo, declaró la inexistencia de los actos reclamados consistentes en tortura e incomunicación.