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Cancelan proceso penal contra Vargas Hernández, ligado a Caja Libertad

Por orden del juez Aquiles Villaseñor fue cancelado el proceso penal iniciado contra José Antonio Vargas Hernández, quien junto con el abogado Juan Collado fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Caja Libertad. Foto José Antonio López / Archivo
Por orden del juez Aquiles Villaseñor fue cancelado el proceso penal iniciado contra José Antonio Vargas Hernández, quien junto con el abogado Juan Collado fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Caja Libertad. Foto José Antonio López / Archivo
17 de febrero de 2024 10:52

Ciudad de México. Por orden del juez Aquiles Villaseñor fue cancelado el proceso penal iniciado contra José Antonio Vargas Hernández, quien junto con el abogado Juan Collado fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Caja Libertad.

Como sucedió ya con Collado Mocelo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelar ante un tribunal la decisión del juzgador con el objetivo de retomar las investigaciones y evitar que el asunto sea archivado.

Fue en julio de 2019 cuando la FGR acusó a Collado Mocelo de beneficiarse de la supuesta compra irregular del edificio de la zona comercial Centro Sur de Querétaro, en complicidad con el ex presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas.

Según las investigaciones, con un poder notarial ilegítimo, Vargas Hernández, entonces representante de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V. vendió el inmueble a Libertad Servicios Financieros por 156 millones de pesos más 17 millones de impuestos, de los cuales 24 millones de pesos habrían sido transferidos a las cuentas de Collado.

Sin embargo, tras casi cuatro años de investigaciones un juez concluyó que no hay un origen ilícito en la adquisición de ese bien inmueble, desde diciembre de 1994 que la empresa Centro Sur S.A. de C.V. se lo compró al gobierno de Querétaro por un millón 400 mil pesos.

Hasta el momento Collado Mocelo continúa con vigilancia mediante un brazalete electrónico y el único proceso penal que queda vigente es por defraudación fiscal por 36 millones de pesos.

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