El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analiza con su equipo elevar a rango constitucional el que haya un salario mínimo profesional para los maestros del país que no sea menor a 16 mil 360 pesos.

Lo anterior, indicó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, porque no ha sido sencillo el incremento a los docentes, pues si bien su gobierno decretó aumentar los sueldos del magisterio, y ha destinado alrededor de 30 mil millones de pesos adicionales para tal fin, el pago se elevó a los adscritos al sistema federal, pero no se ha logrado ajustar a los que forman parte de los sistemas estatales de educación ni a los de asignatura.

Anunció que pedirá el apoyo de los gobernadores, pues no quiere dejar esa carga al próximo gobierno y que no se comprometan recursos.

Llevar esta idea a la Constitución implicaría reformar el artículo 123 de ésta, y reconoció que es complejo debido a que no se trata sólo de hacerlo y que en los hechos quede en letra muerta y no se cumpla.

Así como hay un mínimo general, que ahora está el salario mínimo en 6 mil, o 7 mil 400 con el aumento, queremos establecer un sueldo mínimo para el magisterio, que sería este, (de 16 mil 360), que es el salario promedio de los 22 millones de trabajadores (afiliados al IMSS).

Explicó que el incremento se dio para quienes ganaban menos de 16 mil pesos, particularmente empleados administrativos de la educación, pero el ajuste no ha alcanzado a los profesores que percibían más.

No tuvieron este aumento extraordinario. Esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrativo? Esa es una, luego están los docentes que cobran por hora, por asignatura. Entonces, ¿cómo se garantiza el mínimo? Ese es otro asunto.

Expuso que analiza la opción de que los gobiernos estatales apoyen en ese objetivo. Estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirles que todos ayudemos.

El tabasqueño destacó que su gobierno apoya la educación pública y se declaró satisfecho con el desempeño de los docentes, al grado que destacó que no se han dado paros de labores de su parte, como sucedió en todas las pasadas administraciones, cuando se defendían maestras y maestros porque querían quitarles derechos o privatizar la educación.