Diversos colectivos se manifestaron en el centro de Guadalajara luego que han pasado casi 8 meses de que un juez les otorgó suspensión definitiva para que el gobierno estatal y el ayuntamiento de Guadalajara reinstalen el Antimonumento 5J, colocado por jóvenes y víctimas de desaparición, tortura y detención ilegal el 5 de junio de 2020 por parte de policías estatales y agentes de la Fiscalía de Jalisco.

 

Informaron que el antimonumento, retirado el mismo día en que fue instalado en un acto público y ciudadano para repudiar esa represión, fue llevado originalmente a patios de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento tapatío, pero que hace un mes les informaron que fue llevado -por falta de espacio señaló el gobierno municipal- hacia el municipio de Poncitlán, donde se encuentra actualmente según el dicho oficial, no comprobado aún.

 

A la suspensión definitiva que ya consiguieron los colectivos, se espera que el próximo 15 de enero haya también un pronunciamiento legal definitivo respecto al amparo promovido, el cual además de ordenar la reinstalación pedirá compensación por los daños sufridos por la estructura metálica cuando fue quitada por personal estatal y federal.

 

El desacato legal fue denunciado en particular porque no ha habido alguna acción que reivindique el mandato que ordena la reinstalación por las propias autoridades e imponga sanciones a las autoridades por no hacer caso del mismo.

 

Previo al acto, al que acudieron decenas de representantes de los colectivos de búsqueda, del CUCSH de la UdeG que hicieron un círculo enmedio del cual se colocaron mantas con fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, los manifestantes también hicieron una pega de fichas de sus ausentes en las vallas metálicas que desde 2020, justo cuando ocurrió la represión significada en el antimonumento desaparecido, han permanecido rodeando de forma permanente el edificio histórico de palacio de gobierno.