¿Qué ocurrirá con la política de salud durante la administración 2024-2030 después del nombramiento del Dr. Kershenobich como integrante del equipo responsable de los Diálogos para la Transformación (3/12/23)? Enfrenta cuatro grandes desafíos: activar efectivamente la atención primaria de la salud, mejorar sustancialmente los servicios clínicos, detonar una estrategia de cuidados frente al envejecimiento (sólidamente financiada) y consolidar los avances del IMSS-Bienestar.
Sólo en materia de este último se deberá atender el legado y sello propio de Zoé Robledo, director general del IMSS, quien, por instrucción del presidente AMLO, armó una primera improvisación para brindar servicios médicos asistenciales a la población sin seguridad social.
¿En qué consiste esa improvisación? El 13 de octubre pasado, Robledo comunicó que para el 21 de marzo de 2024 (celebrando a Benito Juárez), espera lograr “basificar” a más de 100 mil trabajadores de la salud que, en los últimos 20 años han laborado en “total” inseguridad (La Jornada). Durante la conferencia de prensa del 24 de octubre pasado aseguró que para el 21 de marzo próximo se dispondría de aproximadamente 50 mil basificaciones. El problema de fondo con esta “basificación” es que la 4T legará a la próxima administración cinco diferentes pisos de pago salarial sectorial, no obstante que todos ellos desempeñan el mismo trabajo. No cumple la máxima: a trabajo igual, salario igual.
En segundo término, Robledo aguarda que, para esa fecha, “habrán” quedado firmes las “bases” para el “nuevo” sistema sanitario federalizado OPDIMSS-Bienestar, sin que exista riesgo de que corra la suerte del Insabi porque “tiene la gran ventaja” de contar con el respaldo y la experiencia del Seguro Social además de un “andamiaje legal”. El problema es que se trata de las “bases” de su primera improvisación. Queda completamente abierto el destino, ajustes, corrección o profundización que hará la próxima administración de esas “bases” en el marco de un ofrecido “segundo piso” de la propia 4T.
En tercer lugar, Robledo precisa que el “propósito” que tenemos, de aquí al 21 de marzo es que 707 hospitales en 23 estados y 13 mil centros de salud “sean incorporados y se implemente ahí” el modelo de atención para el Bienestar para que “reciban” instrumental y equipamiento, y agregó que el OPD será un sistema “preventivo” con “mucho” enfoque en el primer nivel de atención. El problema en que ese modelo es híbrido y ecléctico, sumando diversos ingredientes –más del salubrismo clásico y la salud colectiva– que de la estricta APS y que ordena muy difusamente los diferentes tramos de responsabilidad político-administrativas. Como modelo, queda muy lejano del reto para cubrir poblaciones rurales dispersas, semiurbanas y urbanas. Además de que Robledo concentra la “prevención” en el primer nivel.
Sin restar méritos, su improvisación se estructura en torno a basificación, acciones rehabilitatorias y equipamiento de la infraestuctura y atención médica con “prevención” en el primer nivel atención. Es decir, no privilegia la APS para establecer un auténtico cambio de régimen sanitario transitando de la atención de la enfermedad a la ausencia de la misma.
Para activar la APS, el segundo piso de la 4T y la nueva administración deberán entonces formar comités sanitarios para elaborar diagnósticos locales de salud, acción comunitaria-promoción/ prevención de la salud para operar sobre el primer nivel de atención, distritos de salud y redes integradas de servicios. Es decir, deberá ahondar el paquete de estrategias alternativas para consolidar mejoras en el estado de salud y efectivas de todos los servicios y la gobernanza sectorial.
Como si no fuera suficiente, la nueva administración deberá también vincular el ya referido modelo con el modelo de formación de recursos humanos para la salud que, hasta ahora, avanza con una ruta propia con mallas curriculares que poco se ajustan a la APS vía las universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad de la Salud.
Además, las demandas de la población respecto a las urgentes mejoras de los servicios clínicos serán la prioridad del “segundo piso” de la 4T. La prioridad, de acuerdo a la cual, “por el bien de México, primero los pobres”, generó un efecto sectorial desigual. Puso en ruta la federalización, pero no mejoró la calidad de los servicios médicos a la población con seguridad social. Este desenlace debe ser atendido por la nueva administración.
Finalmente, la nueva administración deberá también abrir el debate sobre la participación complementaria del sector privado para establecer diseños y esquemas innovadores preservando la rectoría del Estado y construir con todos los actores involucrados los cómos del futuro inmediato del Sistema Nacional de Salud.
Así que frente a la primera improvisación de Zoé Robledo –ciertamente, no desdeñable– la administración 2024- 2030 deberá asumir más de un complejo desafío innovador.
*UAM-X
