San Salvador. La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala ordenó este viernes la libertad provisional de la abogada Claudia González, con arresto domiciliario, ex miembro de la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y activista de defensa de derechos humanos.
"Este tribunal (…) otorga las medidas sustitutivas siguientes a la sindicada Claudia González Orellana: a) arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna", resolvió el juez décimo penal B, Jimi Bremer, de acuerdo con el texto de la resolución.
Las otras dos medidas impuestas a la jurista González son la obligación de acudir cada 15 días al juzgado que conoce el caso a firmar el libro de procesados, y la prohibición de salir del país sin autorización del juez que atiende el proceso.
González fue miembro de la desaparecida CICIG que investigó casos de corrupción en Guatemala y se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 28 de agosto por el supuesto delito de abuso de autoridad, acusada por la miembro de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.
Según la magistrada, durante su labor en la CICIG González conoció y participó en una investigación en su contra cuando ella todavía tenía derecho a inmunidad sujeta antejuicio por su cargo en el Organismo Judicial (OJ).
La detención de González ha provocado preocupación en organismos internacionales y la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, pidió en septiembre pasado al gobierno garantizar su seguridad y derechos.
Satterthwaite manifestó en una carta al presidente Alejandro Giammattei que la detención de González "puede constituir una represalia por su trabajo como abogada de derechos humanos".
"El caso de Claudia González parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra jueces, juezas, fiscales, abogadas y abogados que han trabajado en casos de corrupción o derechos humanos en Guatemala", advirtió la funcionaria de la ONU.
El juez Bremer dio un plazo de tres días a las autoridades para poner en libertad a la abogada luego de conocer la decisión en su favor.
