León, Gto. La Caja Popular San Nicolás de la ciudad de León ganó un litigio de marcas y patentes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) contra una caja de Monterrey que usaba su nombre, pero al demandar el pago de los daños el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentaron que no tenía personalidad y pretenden extinguirla afectando a 20 mil socios, denunció el presidente de la Alianza Cooperativista Nacional, Rafael Martínez Ponce.

El proceso ante el IMPI inició en el año 2009 y terminó en 2013, la cooperativa de Monterrey apeló en una sala especializada en propiedad intelectual donde perdió, después tramitó un amparo donde quedó firme la resolución del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, recordó.

“Hicimos la demanda de daños para que se ejecutara derivado de un pleito que ya era una sentencia firme, con la terrible sorpresa que el Poder Judicial se tornó a favor de la contra parte y ahora es victimario de nosotros”, recriminó Martínez Ponce.

Agregó que el juez Cuarto de Distrito de la ciudad de León, Ulises Fuentes Rodríguez, concluyó la demanda y “se inventa un incidente de falta de personalidad, nos embargan todos los bienes y para las actividades de la cooperativa en mayo de 2016”.

“Nos empezamos a defender, a liberar los bienes y de ese año a la fecha hemos sido víctimas, en cuatro ocasiones nos han congelado los bienes, con la venia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, relató.

Rafael Martínez afirmó que hay una red de corrupción entre los directivos de la caja de Monterrey con integrantes del Poder Judicial y de la CNBV para evitar pagar los daños a la cooperativa de la ciudad de León.

La corrupción llegó hasta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito que estaba integrado por los magistrados, José de Jesús Quesada Sánchez, José Guillermo Zárate Granados y José Morales Contreras, imputó.

“Ellos solaparon y validaron todo esto, con un proceso atípico, usando un juicio civil hipotecario del estado de Jalisco, cuando no tiene nada que ver, ni siquiera hay una analogía posible”, explicó.

El Tribunal exigió un pago en efectivo de 27 millones de pesos por la supuesta falta de personalidad, tratando de quebrar a la cooperativa, reprochó.

Añadió que solicitaron la versión estenográfica de la sesión del Tribunal, la cual fue negada argumentando que no existe, luego pidieron el video y después de tres años se entregó un material editado e inaudible.

“Hay un vacío porque no hay manera de saber qué pasó en esa audiencia, vamos a exigir que se reponga el proceso y vamos a proceder por vía penal contra los magistrados”, adelantó.

El caso fue llevado a la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, donde las denuncias fueron desechadas, lamentó.

“En este momento la Caja Popular San Nicolás tiene una queja, una apelación y un proceso de amparo”, precisó.

La corrupción en las instituciones ha afectado y frenado el crecimiento de la Caja Popular San Nicolás, aseguró Martínez Ponce.

“Si esto sigue así, vamos hacer una mega marcha, con el apoyo de otras cooperativas -cajas de 16 estados, Pascual Boing, Cruz Azul, cooperativas de productores de leche y de aguacates, entre otras-, para tomar el Juzgado Cuarto de Distrito y el Tribunal Colegiado”, adelantó.

“Como dijo el presidente -Andrés Manuel López Obrador, claramente el Poder Judicial está podrido, hay mucha manipulación de la ley”, concluyó.