Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 05/2023 al fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por omisiones en la investigación de un caso de tortura perpetrado por agentes estatales, denunciado en 2015. Indicó que en la indagatoria de esta dependencia está pendiente el resultado del protocolo de Estambul, utilizado para la documentación de este tipo de delitos.
Refirió que el 6 de octubre de 2015, la víctima denunció ante personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua presuntos actos de tortura perpetrados por agentes de la fiscalía local en su contra, por lo que, tras analizar los hechos, dicho organismo emitió la recomendación correspondiente, en cuyo segundo punto se solicitaba investigar este ilícito.
Sin embargo, ante la falta de respuesta de la fiscalía, en junio de 2019 la persona violentada presentó un recurso de impugnación, que fue canalizado a la CNDH, al considerar que dicha instancia incurrió en diversas omisiones.
Así, tras el análisis del caso, la Comisión Nacional determinó la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al acceso a la justicia, pues al solicitar información a la fiscalía se indicó que la carpeta de investigación tenía pendiente el resultado de la prueba pericial consistente en la aplicación del Protocolo de Estambul, sin que se advirtiera que se realizara una integración exhaustiva ni expedita, además de que se detectaron dilaciones para localizar a la víctima y practicarle ese examen.
Asimismo, a la fecha no se cuenta con evidencia alguna de que la fiscalía estatal “haya realizado acciones suficientes para integrar exhaustivamente la carpeta de investigación radicada y, en su caso, consignarla ante la autoridad judicial competente”.
Por lo anteriormente la CNDH solicitó al fiscal Jáuregui Moreno instruir la realización de las acciones necesarias para que se cumpla en sus términos recomendación emitida por la CEDH, además inscribir a los afectados en el Registro Estatal de Víctimas y proceder a la inmediata reparación integral del daño.
Asimismo, colaborar en el seguimiento de la denuncia administrativa que se formule ante la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la FGE en contra de las personas servidoras públicas responsables.
