Ciudad de México.  Representantes de organizaciones civiles y familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la Comisión Especial de Búsqueda, y exigieron que el Ministerio Público Federal de cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se elaboré un plan integral que incluya la revisión de todas las instalaciones militares donde se presume que permanecieron ilegalmente detenidos y luego habrían sido privados de la vida.

Reyes Amaya y Cruz Sánchez presuntamente fueron privados de la libertad por miembros de diversa corporaciones policiacas del estado de Oaxaca durante el mandato del gobernador Ulises Ruiz, y miembros del Ejército Mexicano, señalaron integrantes de las organizaciones civiles durante la manifestación que se realiza frente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.

El abogado Sandino Rivera señaló que una de las demandas para la integración de la Comisión especial de Búsqueda --ordenada por la SCJN--, es que los representantes de instancias como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación (Segob), así como de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la propia FGR, sean autoridades con capacidad para tomar decisiones.

Señaló que días atrás la FGR los convocó a una reunión pero les dijo que primero se tomarían acuerdos con las autoridades que se integrarían a estos trabajos para determinar el paradero de los desaparecidos, y luego les informarían a familiares y representantes las decisiones tomadas, por lo que se negaron a aceptar esa situación y pidieron que fuera un encuentro en el que estuvieran todas las partes involucradas, incluyendo los asesores jurídicos y miembros de organizaciones civiles, las que trabajen la integración de la Comisión Especial de Búsqueda.