Ciudad de México. Las cinco caravanas de migrantes que se realizaron del 28 de agosto al 5 de septiembre del 2021, y en la que participaron aproximadamente mil 350 personas, se enmarcaron en las exigencias por un libre transito y la resolución del procedimiento de refugio, de acuerdo con un informe en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Indicó que de hecho, estas manifestaciones fueron las primeras con esas características, organizadas desde Tapachula, Chiapas, debido a la dilación en los trámites iniciados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y fueron con mayor población proveniente de Haití, seguido de Honduras, Guatemala y El Salvador. La CNDH refirió que de acuerdo con datos de la Comar, a partir del 2013 se reportó el primer incremento de solicitudes de refugio debido a que sólo en ese año recibieron mil 296; sin embargo, al concluir el 2021, el número cerró con 130 mil 744, lo cual representa un incremento del 10 mil 88.27 por ciento.

En el documento, señaló que el incremento en las solicitudes de refugio y de trámites migratorios, aunado a la contingencia por Covid-19, ha generado que dichas autoridades “limiten o restrinjan” el acceso a los procedimientos respectivos para formalizar o regularizar su situación.

Ello, agregó, ha provocado que la Comar otorgue citas a los interesados para el trámite de solicitud de refugio con periodos de espera mayores a los tres meses, “lo que ha representado un problema para las personas extranjeras que se encuentran albergadas o varadas en Tapachula, ya que, ante el aumento en los operativos realizados por el INM y la Guardia Nacional en esa ciudad, son asegurados y trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI”.

Expuso que las caravanas en México, que han cobrado mayor relevancia desde 2018, nacen como forma de protección de las personas migrantes para hacer el camino, viajando en grandes contingentes, “buscando superar, en grupo, el miedo a la delincuencia organizada que lucra con su necesidad”, y el abuso de autoridad.

Indicó que la mayor cantidad de solicitantes de refugio vive en Tapachula en condiciones de marginación, insalubridad y no cuentan con recursos económicos ni trabajo.

Ante este contexto, llamó a fortalecer el trabajo interinstitucional para lograr que los plazos y los términos se adapten a las necesidades de las personas en movilidad, y propuso una guía de acción hacia la construcción de Protocolos de Atención.