Cuernavaca, Mor. Los habitantes de Puente de Ixtla “tienen miedo”, se “sienten secuestrados”, “solos”, y abandonados por el gobierno municipal, estatal y federal porque ninguna de las corporaciones policiacas ha detenido, impedido y evitado que integrantes de las distintas bandas criminales siembren el terror en esta demarcación.

Este miércoles se cumplen tres días de que lucen vacías las calles de la cabecera municipal, después de las cinco balaceras de los últimos siete días, así como de que empezó a circular un volante en el que se anuncia “una limpieza social” y el asesinato de maestros, mismos que según fuentes policiacas, fueron ajusticiados presuntamente por no pagar una cantidad “importante”, por extorsión, por la delincuencia organizada que opera en la región.

Habitantes de la región indicaron que son cuatro o cinco células criminales las que están peleándose el control y extorsionan a las familias.

Por la violencia y terror que han impuesto las bandas, previo al cambio de gobierno municipal —que se realizará el primero de enero próximo—, fueron suspendidas las clases presenciales en todas las escuelas de nivel básico, así como las fiestas de la virgen Concepción y Guadalupe, el 8 y 12 de diciembre respectivamente, del municipio.

Un lugareño aseguró que las calles están semivacías por toda esa inseguridad y exigió la presencia de patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de la Guardia Nacional y del Ejército, el helicóptero de la CES, a fin de disminuir el miedo entre la población.

Los comerciantes, que se negaron a dar sus nombres, afirmaron ya no sólo tienen que pagar derecho de piso —que es fijado como una cuota mínima de acuerdo a sus ventas—, sino que les han amenazado con secuestrar o asesinar a alguno de sus familiares si no pagan grandes cantidades por negocio.

Sin embargo, a pesar de las refriegas que ha dejado un saldo de tres heridos de balas, tres carros incendiados y una casa afectada por las balas, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha guardado silencio, también el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas y el comisionado estatal José Antonio Ortíz Guarneros. Así también los diputados locales de la 54 legislatura y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.