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Por instrucción presidencial se inició indagatoria por caso de desaparición

El general Jens Pedro Lohmann, primero a la izquierda, asumió el pasado 30 de noviembre la titularidad de Birmex, en lugar de Pedro Zenteno, a su izquierda. En la imagen, aparece también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el director saliente del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. Foto cortesía Presidencia
El general Jens Pedro Lohmann, primero a la izquierda, asumió el pasado 30 de noviembre la titularidad de Birmex, en lugar de Pedro Zenteno, a su izquierda. En la imagen, aparece también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el director saliente del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. Foto cortesía Presidencia
06 de diciembre de 2021 16:18

Después de conocerse la presunta vinculación del general Jens Pedro Lohmann en un caso de desaparición forzada por posible encubrimiento, por instrucción presidencial se inició una indagatoria sobre estos hechos, toda vez que fue recientemente designado como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos (Birmex), organismo encargado de la distribución de medicinas, dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Sin embargo, en conferencia de prensa Encinas explicó que el área a su cargo esta realizando una revisión muy minuciosa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de integrantes de la familia Alvarado, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en Chihuahua. En un principio “no hay una responsabilidad directa de su persona” sobre esa desaparición en el documento del organismo interamericano.

Por otro lado, informó que tras que se denunciará el caso de una investigación judicial en contra de la activista Ana Lorena Delgadillo, presidenta de la Fundación para la Justicia, la periodista, Marcela Turati y la integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti por sus investigaciones periodísticas y asumir la defensa de los familiars de las víctimas asesinadas en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Tras externar su solidaridad, Encinas comentó que correspondería a la Fiscalía General de la República cancelar ese expediente de una indebida investigación derivada de un gobierno que criminalizó las actividades de defensa de derechos humanos y periodística. Sería esa instancia la que tendría que deslindar responsabilidades sobre quien ordenó esa indagatoria y eventualmente sancionarlos.

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