Toluca, Méx. Las diputadas del Partido Verde en el Congreso mexiquense presentaron una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos encaminada a sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios públicos municipales, especialmente alcaldes y tesoreros, que hereden adeudos con proveedores a las siguientes administraciones.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón señaló que ya es recurrente que cada tres años, los alcaldes y tesoreros que concluyen sus periodos, no cumplen con el pago a proveedores, lo cual ocasiona no solo una merma y quebranto de micro y pequeñas empresas, sino deudas a las siguientes administraciones municipales que en muchas ocasiones se vuelven impagables.

La iniciativa plantea modificar algunos artículos de la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal del Estado de México, para que el incumplimiento de estos compromisos sea sancionado por la vía administrativa y penal, pues esto se tipificará como el delito de obstrucción a la inversión.

A la fecha, se estima que las deudas de los 125 ayuntamientos mexiquenses rebasan los 5 mil millones de pesos y gran parte de estos pasivos son cuentas pendientes con proveedores, que pueden ser desde micro, pequeñas y medianas empresas hasta grandes compañías.

Por la vía administrativa se propone que quienes dejen pendientes pagos a proveedores, no se les extienda la cartas de no adeudos en los procesos de entrega y recepción de las administraciones municipales y se les pueda iniciar un procedimiento administrativo y resarcitorio.

También se agrega una fracción IV al artículo 203 del Código Penal que señala que aquel o aquellos servidores públicos que no liquiden sus adeudos con proveedores antes de concluir sus periodos, incurrirán en el delito de obstrucción a la inversión y estarán obligados a resarcir el daño para evitar la cárcel.

Recientemente, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González declaró que existe mucha preocupación en el sector pues a escasas siete semanas de que concluyan las administraciones municipales del periodo 2018-2021, hay muchos adeudos con micro, pequeñas y medianas empresas, quienes apostaron por vender bienes y servicios a los ayuntamientos. Los adeudos, señaló, podrían alcanzar los 4 mil millones de pesos.

Como la iniciativa se remitió a comisiones para su análisis y discusión, es muy probable que no tenga aplicación para los servidores municipales que concluyen sus periodos el 31 de diciembre, por lo que estas reformas serían vigentes para las administraciones municipales entrantes.