Raquel Sosa Elízaga, directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), respondió a los defensores del agua amuzgos y a los ejidatarios de Xochistlahuaca, Guerrero, acerca del “involucramiento” de la sede de la UB en dicha localidad. Dice haberse enterado del asunto por la información publicada en La Jornada el pasado día 16. 

“Lamento muchísimo este desencuentro y más, que el coordinador académico de la sede, Román Rivas no sólo no me informara de su participación en este proyecto, sino que firmara un documento oficial dirigido a Conacyt sin ninguna autorización nuestra. Informo a ustedes que, de acuerdo a nuestro Estatuto Orgánico, corresponde exclusivamente a la Dirección General del Organismo la firma de convenios y contratos, por lo que ningún coordinador académico tiene autoridad jurídica para realizar un procedimiento como el señalado. De este modo, los documentos de los que me ponen en conocimiento son totalmente inválidos”. 

En días pasados manifestaron su rechazo se oponen a la imposición de un proyecto académico sobre “gestión sustentable de energía eléctrica, con el aval de otros centros académicos y en vías de recibir financiamiento del Conacyt. 

La doctora Sosa Elízaga añade en su comunicación a los indígenas: “Espero encontrarme con ustedes en breve, y establecer de común acuerdo las formas de colaboración que más convengan, siempre tomando en cuenta el bienestar de la  población, los derechos del pueblo originario y las mejores condiciones para que nosotros demos un servicio verdadero a la comunidad”. 

Los ejidatarios mismos habían escrito a Sosa Elízaga en los términos siguientes: “Nos dirigimos muy atentamente a su cargo para hacerle llegar una carta de inconformidad. Esperamos que investigue, analice y actúe para que la UBBJ sea una institución que busque alternativas para un bienestar real de los pueblos y no un espacio que facilite la explotación y manipulación de las comunidades”. Firmaban los gestores de la Comunidad de Xochistlahuaca.