Ciudad de México. Los procedimientos abreviados representan ya la solución de la mayor parte de los conflictos penales en los países con sistema judiciales modernos y permiten renunciar al juicio y a la producción de pruebas, mediante un acuerdo entre las partes.

Así lo afirmó Diana Velada, profesora de Derecho Procesal Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, al presentar la conferencia “Procedimiento abreviado y debido proceso”, organizada por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este sistema, explicó, tienen su origen en el sistema jurídico anglosajón, y parten de una declaración de culpa del acusado, que cancela la controversia y da paso a un acuerdo, que puede ir desde una disculpa, reparación del daño o el pago de una indemnización, entre otras soluciones.

La principal ventaja de esta salida abreviada es el ahorro de tiempo y recursos, lo que, si bien es una visión utilitaria, según reconoció la académica, representa ventajas para ambas partes, aunque también la renuncia a parte de sus derechos.

Es por ello que las autoridades judiciales deben intervenir para regular los procedimientos abreviados, que eviten malas prácticas como amenazas con una pena inusitada como medio para llevar a un acusado a aceptar un acuerdo del que no está convencido.

Este control de los jueces debe extenderse hasta confirmar el cumplimiento de los acuerdos que llevaron al procedimiento abreviado.