Louisville. Miles de personas protestaron ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia fincó cargos, pero no criminales, a uno de los tres policías involucrados en el tiroteo en que murió la afroestadunidense Breonna Taylor, quien se ha convertido en emblema del movimiento Black Lives Matter.

Las protestas, que desafiaron un toque de queda vigente desde las 21 horas, se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Washington, Atlanta y Filadelfia.

Al comenzar el toque de queda la mayor parte de los manifestantes había abandonado el centro de la ciudad, pero algunos permanecieron ahí, de manera pacífica, hasta que se escucharon tiroteos en medio de una escaramuza entre activistas y policías, lo que llevó a muchos a correr en busca de refugio.

Horas antes se reportó que dos policías habían sido baleados.

Taylor, paramédica de 26 años, recibió varios disparos de policías de raza blanca que ingresaron el 13 de marzo a su casa en cumplimiento de una orden de allanamiento durante un operativo antidrogas, aunque el fiscal general del estado, Daniel Cameron, reveló ayer que los resultados de la investigación indican que los agentes anunciaron su presencia antes de ingresar. La orden utilizada para inspeccionar su residencia estaba relacionada con un sospechoso que no vivía ahí, y tampoco se encontraron drogas dentro de la vivienda.

Los agentes tenían una orden que les permitía ingresar al domicilio sin avisar, y a su llegada el novio de Tay-lor, Kenneth Walker, les disparó al pensar que eran ladrones; los agentes replicaron y Taylor, que estaba en su cama, fue herida de muerte.

Brett Hankison, uno de los tres agentes involucrados en el tiroteo, fue imputado por poner en peligro la vida de los demás, en referencia a los tiros que impactaron en una casa vecina a la de la víctima, y no por la muerte de la paramédica. Ni Hankison ni los otros dos policías que efectuaron los disparos que mataron a Taylor fueron acusados de homicidio.

Apenas se conoció la decisión, miles salieron a las calles de Louisville, principal ciudad de Kentucky, donde se desplegó un fuerte dispositivo policial integrado por agentes locales con equipo antimotines, a los que el gobernador Andy Beshear añadió a 500 elementos de la Guardia Nacional.

Los policías dispararon balas de goma contra la multitud y detuvieron al menos a 29 manifestantes.

Videos mostraron al personal de la Guardia Nacional por el centro de la ciudad en vehículos blindados y a manifestantes cerca del monumento en memoria de Taylor en el centro de Louisville encendiendo botes de basura. El presidente Donald Trump felicitó la iniciativa de Beshear de desplegar a la Guardia Nacional.

El caso ganó notoriedad tras las masivas manifestaciones contra el racismo que se reportan en Estados Unidos, luego de que el afroestadunidense George Floyd murió asfixiado por un policía a finales de mayo en Minneapolis.

El abogado de la familia Taylor, Ben Crup, rechazó la decisión de la justicia. ¡Esto es escandaloso y ofensivo!, tuiteó.

Esta decisión es una burda negación de la justicia, comentó la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.

La poderosa Unión por las Libertades Civiles denunció a unas fuerzas del orden y un sistema de justicia criminal podridos hasta la médula.