Guadalajara, Jal. Del 11 de marzo al 31 de mayo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) recibió e investiga 246 quejas (incluida una colectiva que integra 214) por situaciones derivadas de la “contención del Covid-19” y de las cuales el 89 por ciento son por “probable ejercicio indebido de la función pública”.

La CEDHJ ha documentado 237 arrestos en los diferentes municipios de Jalisco a partir de la publicación, el 19 de abril en el periódico oficial El Estado de Jalisco, del acuerdo en el cual el gobernador Enrique Alfaro autorizó a los municipios a ejercer su discrecionalidad por medio de sus policías para actuar contra quien no trajera puesto el cubrebocas al estar en la vía pública.

“El pasado 19 de abril el gobierno del estado implementó entre otras medidas obligatorias el aislamiento físico y el uso de cubrebocas, informó que se sancionaría a quien no cumpliera y que la fuerza pública tenía la encomienda de hacerlo cumplir, por lo que autoridades municipales y las secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social serían las responsables de verificar su cumplimiento”, recuerda la CEDHJ en un informe especial emitido con motivo de dichas quejas.

Tlaquepaque tuvo sólo entre el 20 y 26 de abril, la primera semana de implementación de la medida administrativa, un total de 68 personas detenidas, mientras Cañadas de Obregón -un municipio de la región Altos de Jalisco que no llega a 5 mil pobladores- le siguió con 44 personas detenidas, y en Ameca se reportaron 30 detenciones, si bien estos dos últimos municipios en un periodo extendido hasta el 31 de mayo.

El informe especial es el segundo que emite la defensoría en menos de una semana y vuelve a mencionar el homicidio de Giovanni López en mayo pasado, como uno de los ejemplos más relevantes de lo que provocó la política de “cero tolerancia” que se institucionalizó a partir del acuerdo del gobernador Alfaro.

“En este Informe especial queda evidenciado que en algunos municipios de Jalisco se han realizado detenciones arbitrarias que han concluido en arrestos, multas, amonestaciones y el lamentable fallecimiento de una persona”, agrega el documento.

Como casos emblemáticos la CEDHJ recuerda que hace unos días emitió un informe especial sobre el homicidio de Giovanni (el cual concluyó que fue una “ejecución extrajudicial”) y narra que la noche del 4 de mayo policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos “realizaron con excesivo uso de la fuerza la detención de Giovanni López, con el argumento de que cometía una falta administrativa y por agredir a los policías; a la mañana siguiente, a los familiares de Giovanni se les informó que había fallecido”.

También la defensoría recordó uno de los primeros casos documentados y que se hizo viral en redes sociales, ocurrido en en Tala el mes de abril, cuando policías municipales arremetieron con exceso de fuerza a un camionero que iba de paso, quien además de golpeado fue encerrado y debió pagar una multa para continuar su ruta.

La viralización en redes sociales de la agresión contra el camionero -como ocurrió con el vídeo de la detención de Giovanni-, hizo que figuras internacionales del cine como el director Guillermo del Toro o la actriz Salma Hayek se manifestaran contra la represión policial a partir del acuerdo alfarista.

Otro caso que menciona el informe es el ocurrido el 1 de mayo en Chapala contra el director de la preparatoria de ese municipio, Juan Ramón Álvarez, provocó una airada protesta del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. El expediente de queja se encuentra en integración.

Como conclusión la CEDHJ pidió el gobernador Alfaro, entre otras cosas, “que se revise, analice y, en su caso, se enmiende y aclare el acuerdo emitido el 19 de abril de 2020 por el gobernador del estado de Jalisco, a fin de que las medidas que se dicten no contravengan el marco de respeto a los derechos humanos previsto en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación estatal”.