El PRI ratificó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, constituye un atentado a la democracia y su convalidación representaría un precedente que debilite y vulnere el estado democrático y de derecho.

El oficio fue recibido hoy en la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, a cargo del proyecto de resolución de la acción de Inconstitucional promovida por el PRI en contra de la denominada Ley Bonilla.

Este partido considera que el Estado mexicano estableció a la democracia como columna vertebral de su régimen político.

Lo anterior implica que las decisiones que corresponden al pueblo sean tomadas en términos de sus derechos políticos y procedimientos reconocidos para la expresión de la voluntad popular.

Subrayó que la Ley Bonilla vulnera gravemente no solo el derecho de la ciudadanía a emitir su voto libremente, sino diversos principios fundamentales que garantizan el orden constitucional.

El PRI expresó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “como guardián del orden y el derecho, por lo que hizo un exhorto a los ministros a hacer valer la independencia judicial y declarar la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla”.