Ciudad de México. Frente a los discursos que desvirtúan el tipo penal feminicidio y la impunidad ante la filtración de imágenes en casos recientes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consideró urgente detener la violencia institucional hacia ellas; mientras los 32 órganos de justicia locales desplegaron guardias para atender cualquier asunto de violencia contra mujeres durante la contingencia sanitaria.

“La vida de las mujeres no puede ser un botín, ni la extrema violencia hacia ellas, un objeto de consumo”, afirmó su presidenta Nashieli Ramírez, al señalar que se documentó en las quejas que en cuatro de cada 10 feminicidios había un suceso de filtración de información.

Se trata de una falta no solo administrativa, sino que se incurre en un delito, porque como servidor público “tú tienes la obligación de no sacar información de una investigación en curso, pero también de proteger los datos personales de las víctimas”, argumentó.

Destacó que, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, siendo los elementos de contexto esenciales para determinar que ocurrió y la relación entre víctima y victimario.

El año pasado, recordó, este organismo publicó el informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la ciudad de México, en el cual se propuso una serie de recomendaciones a diversas autoridades.

La principal fue que la perspectiva de género en las investigaciones es una herramienta metodológica y una obligación para las y los servidores públicos; y la verdad, justicia y actuación consecuente de las autoridades para prevenir feminicidios como los de Ingrid o Fátima, y para reparar el tejido social roto y la herencia de violencia sembrada.