León, Gto. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJE) desechó la apelación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la no vinculación a proceso penal de la ex alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello Santibáñez, a quien acusó de un peculado de 200 mil pesos, por contratar “a su peinadora” como funcionaria municipal.

El titular de la Novena Sala Penal del STJE, Plácido Álvarez Cárdenas, confirmó que no existen elementos para vincular a proceso a la ex funcionaria, “por el hecho que la ley señala como delito de peculado.

El 11 de febrero, el magistrado avaló la no vinculación a proceso emitida el 27 de septiembre del 2019, por un juez de Control, dentro de la causa penal 1P2019-787.

El fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, acusó a la ex presidenta de peculado por contratar en un cargo administrativo de la Secretaría de Seguridad a María del Rosario Zamarripa López, quien supuestamente era su estilista personal.

La funcionaria tenía un sueldo de siete mil 200 pesos y durante el tiempo que trabajo en presidencia ganó unos 200 mil pesos.

“Acabo de ganar mi demanda 39 al municipio (de León) y al gobierno del estado. Lo digo fuerte y claro, regresaré a la escena política, estoy cansada de abusos y de persecuciones políticas”, difundió en su cuenta de Twitter, Bárbara Botello.

Agregó que está cansada de que la use como una “cortina de humo” para tapar el pésimo trabajo que hacen los gobiernos en materia de seguridad.

“Guanajuato y León necesitan gobernantes que tengan agallas y la capacidad para sacarlo del hoyo en el que lo tienen inmerso. Lo repito, basta de persecuciones políticas y de justicia selectiva. ¡¡Dios los perdone!!”, remata el mensaje de la priísta.

Bárbara Botello Santibáñez denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quien resulte responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE) del delito de desobediencia de un auto de suspensión, porque solicitaron la acción penal por una denuncia de peculado de 1.5 millones de pesos que derivó en un arresto, cuando estaba en curso un juicio de amparo.

El fiscal, Carlos Zamarripa y el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, sabían que había una suspensión provisional para que no se ejerciera acción penal, pero aún así judicializaron el caso y solicitaron una orden de aprehensión.