La meta del programa es que las personas que están vinculadas con las adicciones tengan un espacio de prevención y de atención –no solamente con campañas de difusión– en las que puedan acceder a la atención con dos modelos: el tradicional, que busca dejen totalmente las drogas, o el de reducción de riesgos, bajo un esquema según el tipo de adicción.

Para eso se contratarán 511 profesionistas y facilitadores para lo cual se invertirán 64 millones de pesos, mejorarán las instalaciones de los 30 Centros de Atención y Prevención de Adicciones (Capas) y se ampliará el horario: matutino, de 8 a 15 horas; vespertino, de 15 a 20, y los fines de semana de las 8 a las 20 horas. Antes sólo se brindaba servicio entre semana y por las mañanas.

La mandataria explicó que el programa Jóvenes Unen al Barrio se sumará a esta estrategia que busca beneficiar a 3 mil personas con una beca de 2 mil pesos, en las que habrá 140 generadores que recibirán 3 mil 50O pesos y para 70 impulsores se destinarán 6 mil pesos. Todos ellos deberán realizar diversas acciones en beneficio de la comunidad.

“Nuestra estrategia comienza en marzo porque se abrió la convocatoria para los sicólogos y trabajadores sociales que van a estar integrados en este programa –adicionales a los que ya existen– y va a haber un proceso de capacitación y formación, porque no es solamente que sea sicólogo, sino también si estás capacitado para atender esta situación y, además, que entiendan la filosofía general del programa que se está presentando.”

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, detalló que al menos 83 mil personas requieren ayuda especializada por el consumo de alcohol y 62 mil por otras drogas, en particular inhalantes, que es el mayor problema que se enfrenta por ahora en la Ciudad de México.

Detalló que en la actualidad se atienden 2 mil 500 personas, pero la deserción llega hasta 85 por ciento, por lo que se incorporarán componentes familiares y comunitarios para incrementar la adherencia y realizar hasta 6 mil consultas semanales.

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Esthela Damián, informó a su vez que el modelo tradicional atendería a menores de 12 a 17 años 11 meses, mientras el de reducción de riesgo y daño lo haría con mayores de 18 años.

Agregó que se busca que durante la atención haya un consumo moderado o de plano la abstinencia, así como la detección temprana para casos de personas que ingieren sustancias sicoactivas, la intervención preventiva para evitar la dependencia, la identificación de los factores de riesgo, el diagnóstico, la atención individual, su red de apoyo o atención familiar y su plan de tratamiento particularizado.