Buenos Aires. El gobierno de Argentina anunció este viernes un aumento salarial de 4.000 pesos (63,4 dólares) para los trabajadores del sector privado, con el fin de combatir la pérdida de poder adquisitivo, que se agudiza en medio de una profunda crisis económica.
"Los 4.000 (pesos) son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario", dijo en conferencia de prensa el ministro del Trabajo, Claudio Moroni.
Para los trabajadores del sector público se aplicará un "esquema similar" que será anunciado la próxima semana, añadió Moroni.
Sobre la medida anunciada este viernes, el funcionario detalló que se trata de un "aumento fijo y uniforme para todas las escalas" y que será "de 3.000 (pesos) para enero, al que se le adiciona 1.000 pesos más en febrero, con lo cual se incorporan 4.000" pesos.
Con un salario mínimo es de 16.875 pesos mensuales (270 dólares al cambio oficial), los sindicatos esperaban aumentos más significativos tras un año de inflación galopante que se estima cerrará en cerca de 55% en 2019.
El gobierno espera que el aumento de salario tenga "un efecto dinamizador de la demanda", y eximió a las pequeñas y medianas empresas del pago de las contribuciones aplicables al aumento durante tres meses.
El incremento, se explicó, se otorgará a cuenta de los próximos aumentos en negociaciones salariales con los trabajadores, en las que representará un piso.
El presidente de centroizquierda Alberto Fernández, que asumió el cargo el 10 de diciembre, impulsó un paquete de medidas económicas e impositivas de emergencia para intentar poner fin a la peor crisis económica que atraviesa Argentina desde la debacle del 2001.
También busca encontrar un delicado equilibrio entre los reclamos sindicales y las necesidades de un sector productivo golpeado por una recesión que se ha extendido por más de un año.
El jueves, Fernández pidió a los trabajadores que no hicieran "pedidos desmedidos" de incrementos salariales "porque eso repercute sobre el resultado de la economía".
Por otro lado, Fernández también ha presionado a las empresas para no aumentar los precios, haciendo que los productores y comerciantes de alimentos absorbieran parte del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que volvió a aplicarse a la canasta básica desde el 1° de enero.
Argentina atraviesa una recesión económica desde el segundo trimestre de 2018, con una inflación de 48,3% entre enero y noviembre de 2019, una depreciación de la moneda de 38% en ese lapso, mientras que el índice de pobreza es de casi 40%.
Además, amasa de una deuda de unos 335.000 millones de dólares.
