oy entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en conjunto conocidas como plan B de la reforma electoral. Con estas medidas, impulsadas por el Ejecutivo federal y las bancadas oficialistas en el Congreso, se busca dar al Instituto Nacional Electoral (INE) una mínima eficiencia presupuestal de la que ahora carece notoriamente. Para ello, se establece una compactación en sus órganos directivos y la cancelación de poco menos de 10 por ciento de las plazas con las que cuenta el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

n la década de 1960, la denuncia del llamado Plan Camelot reveló públicamente que antropólogos y científicos sociales participaban en investigaciones con fines de contrainsurgencia al servicio del gobierno de Estados Unidos. A partir de ese escándalo, en el ámbito de la academia se desataron encendidas polémicas sobre el compromiso social y político de los científicos, en las que salió a relucir el involucramiento activo de especialistas en Vietnam, Kampuchea, Laos, Chile, Colombia, México y una veintena de países en los que el imperialismo libraba sus batallas contrarrevolucionarias, o proyectaba escenarios políticos con la ayuda de eficientes mandarines intelectuales.

a cabeza de un manojo de funcionarios designados en conciliábulos de cúpulas partidistas otrora hegemónicas llama a desobedecer las decisiones de dos poderes de la unión –el Ejecutivo y el Legislativo– conformados de manera inequívoca por voluntad popular. A esa reacción le llama defensa de la democracia y lucha contra un gobierno autoritario que en la realidad ha sido garante de todos sus derechos humanos y políticos, salvo el de engordar indefinidamente sus cuentas de banco a expensas del erario. Porque, en efecto, junto con sus cargos, los guardianes de la democracia oligárquica y simulada recibieron la facultad de asignarse sueldos, bonos, primas, seguros de gastos médicos mayores, comidas, viajes, aguinaldos de medio millón de pesos, finiquitos de nueve millones, gastos para funerales de lujo por si les sobreviene un empacho fatal y hasta dotes matrimoniales, como la que recibió Lorenzo Córdova Vianello cuando el INE aún era IFE, pero él ya cobraba como funcionario de la institución.

uevamente regreso a don Quijote; todo se le desmadejó brumosamente hasta dar la impresión de que nada era nada, de que todo era un sueño, una ilusión, y los sueños, sueños son.