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Contra un estado corrupto
Allegados del ex mandatario en España son miembros del ámbito empresarial y político
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2022, p. 3

Madrid. La vida en España del ex presidente de México Enrique Peña Nieto es muy discreta, pero a pesar de su obsesión por que no se conozcan sus movimientos ni su vida cotidiana, sí han trascendido los nombres de algunas personas con poder, empresarial y político, que mantienen relación fluida con el ex mandatario.

Entre los españoles más allegados a Peña Nieto se encuentra el empresario de la construcción Juan Miguel Villar Mir, ex presidente y socio mayoritario de la multinacional OHL. Precisamente esta empresa consiguió numerosos contratos de infraestructura pública durante los gobiernos de Peña Nieto, primero en el estado de México, durante el cual se le entregó la construcción del Viaducto Bicentenario, y después como presidente del país, cuando definitivamente se disparó la adjudicación de obras públicas a OHL, como carreteras, puentes e infraestruturas de comunicación como puertos y aeropuertos.

Pero también hay dos figuras de la judicatura y la política con las que Peña Nieto estrechó relación desde que era mandatario y las cuales aún mantiene, que son la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su pareja, Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional. Ambos fueron invitados en varias ocasiones por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a participar en seminarios y encuentros organizados por ellos.

Más aún: el ex presidente del PRI Humberto Moreira contrató a Garzón como asesor jurídico para diseñar la campaña de 2011, precisamente la que catapultó a Peña Nieto a la Presidencia del país.

De hecho, el ex juez Garzón, que fue inhabilitado del cargo por haber autorizado espionaje telefónico entre acusados y sus propios abogados, fue una de las personas que asesoró a Moreira cuando estuvo detenido en España.

Esa asesoría, así como la intervención del aparato mexicano en su favor por medio de la ex embajadora en España, Roberta Lajous, logró su liberación sin cargos, en un caso que recayó en el juzgado del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, uno de los amigos más cercanos a Garzón y la actual fiscal del Estado.