La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados elaboró el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República y se instaure un procedimiento que permita determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar sus percepciones.

Con el texto se da respuesta a la condena legal que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el pleno cameral se obligara a su aprobación.

Berrinche de la oposición

En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, expuso que a pesar de los obstáculos y berrinches de la oposición, se alcanzó el consenso para que hoy se desarrolle un periodo extraordinario en San Lázaro con la finalidad de aprobar un paquete de tres iniciativas de ley que sugirió el Ejecutivo federal.

La oposición no nos deja, se emberrincha, y tiene una ventanita para no dejarnos impulsar los periodos extraordinarios. Finalmente, ya logrados los consensos, vamos a aprobar la Ley de Adquisiciones y la desaparición de fideicomisos, expuso.

En relación con la ley de remuneraciones, propuesta elaborada por Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada morenista, resultó más completa, pues introdujo como indicador el producto interno bruto per cápita (PIB-PC). La anterior versión –aprobada en abril de 2019–, fue rechazada por el órgano judicial, al responder en favor de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Entonces, el Poder Judicial consideró que la norma vigente era inválida en algunos preceptos, pues se omitía en el texto constitucional reglamentarlo, no sólo mencionarlo.

Producto del análisis de la comisión dictaminadora, la iniciativa planteada por Pablo Gómez, que incluye el PIB-PC, se ajusta al indicador internacional para revelar la situación de bienestar de una nación: Este indicador económico resulta de dividir el producto interno bruto entre la población total del país. Con esta operación, puede estimarse cuánto recibiría un mexicano si se repartiera toda la riqueza generada durante un ejercicio fiscal entre toda la población.

Esta nueva forma de determinar las remuneraciones con sentido social y de racionalidad económica parte de la percepción anual del Ejecutivo federal, constituye el tope máximo salarial del resto de los servidores públicos.

En términos de la fracción anterior, ningún funcionario podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, según el artículo 127 constitucional.

Además, el principio de proporcionalidad fija el sistema de salarios que ha de regir a los servidores públicos, comenzando desde el presidente de la República.