En diversos países del continente –incluido México–, los trabajadores de la salud que atienden a pacientes de Covid-19 laboran en condiciones de gran precariedad, con material insuficiente y en un clima de amenazas y agresiones por parte de las autoridades y la ciudadanía, advirtieron los participantes en un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).

Anoche llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el decimotercer vuelo con insumos médicos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

En la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) la saturación de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantiene en por lo menos 44 de los 73 hospitales destinados para la atención de pacientes con Covid-19, mientras 17 se reportan con disponibilidad, tanto en la capital del país como en el valle de Toluca. El reporte más reciente de la disponibilidad de camas con ventilador, destinados a la atención de pacientes en condición crítica, a escala nacional indica una ocupación de 35 por ciento, por lo que estarían disponibles 65 por ciento. Sin embargo, la demanda de cuidados intensivos aumenta de forma diferenciada por entidad.

La diabetes, una de las principales enfermedades presentes en la mayoría de los fallecidos por Covid-19 no ha sido la causa principal del contagio, sino de las complicaciones que llevan a ese desenlace. El problema es que la mayoría de la población mexicana tiene sobrepeso desde antes de la crisis sanitaria, así como otros padecimientos crónicos no transmisibles que han dificultado todo aún más en esta pandemia y no hay en el horizonte cercano una solución que no sean las políticas de prevención.

En zonas aledañas al nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles, que se edifica en la base aérea de Santa Lucía, se requerirán 6 mil 126 hectáreas para construir zonas industriales, servicios, espacios de recreación, viviendas y más, indicó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La dependencia invertirá más de 3 mil millones de pesos en mejoramiento urbano en siete municipios colindantes con la terminal aérea.

Luego de que Morena congeló su iniciativa de ley para acabar con 44 fideicomisos, el Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planteó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) no deben desaparecer, pues son claves en el desarrollo de proyectos que permiten a México avances en materia de protección civil. Los recursos económicos de esos fondos, establece un documento emitido por el instituto, son usados para prevenir y mitigar daños, también atender a la población en casos de desastre, por lo que su desaparición dejaría al pueblo de México indefenso ante sismos, actividad volcánica, huracanes y deslaves, entre otros fenómenos naturales.

Los esquemas de trabajo y medidas de contingencia implementados por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los poderes judiciales de los estados en el contexto de la pandemia de Covid-19 no garantizan aún la publicidad de sus resoluciones vía remota y en tiempo real, lo cual compromete la transparencia en la impartición de justicia, alertó el colectivo Tojil-Estrategia contra la Impunidad.

El PRI dijo que deben ser investigados y, en su caso, sancionados los presuntos casos de nepotismo en los que habría incurrido la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.

La iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que quedó temporalmente en la congeladora– implica el riesgo de que se intervenga de forma inadecuada en el fideicomiso mediante el cual se manejan los recursos para el Mecanismo de Protección de ambos gremios, con la idea equivocada de que todos esos esquemas financieros son opacos y deben desaparecer.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) convoca a ex policías y ex militares de entre 40 y 50 años ”que hayan tenido personal a su cargo y se hayan retirado de manera honorable, a incorporarse como mandos” del Servicio de Protección Federal (SPF), un área policial de la institución que brinda servicios similares a los de seguridad privada, de vigilancia interna y externa a inmuebles y de escolta.