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No puede pagar multa, dice

Se entregará el ex gobernador Anguiano a la FGE-Colima

Según el priísta, su patrimonio es de apenas dos millones de pesos

Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 13 de febrero de 2020, p. 26

Colima, Col., Mario Anguiano Moreno, ex gobernador de Colima, anunció que este jueves a las cinco de la tarde se entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) por que no tiene dinero, ni en ésta ni en 15 vidas más, para pagar al erario los 515.1 millones de pesos que le impuso el Congreso local tras perder un juicio de responsabilidad administrativa derivado de haber adquirido un crédito de 638 millones de pesos a pocos días de dejar el cargo, en septiembre de 2015.

En conferencia de prensa, el ex mandatario (2009-2015) reconoció la resolución de los diputados locales luego de perder en enero pasado un amparo que promovió contra esta medida. Su patrimonio, explicó, asciende a 2 millones de pesos, y se puede comprobar, “ya que (el gobierno) tiene toda esa información en la Contraloría General.

Les pido que procedan con los bienes míos, pero como yo sé que no cubren mínimamente con el monto que están determinando que tengo que pagar, entonces les aviso que el día de mañana yo inicio una caminata del Jardín del Moralete hasta la FGE para presentarme, anunció.

Cuando se le preguntó si se trata de un espectáculo mediático, debido a que el proceso es administrativo, no penal, y le corresponde acudir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal, negó que sea así. Finanzas tiene que hacer el cobro, pero ¿quien va a proceder en caso de que no tenga?, respondió.

El 27 de septiembre de 2018, el Congreso local aprobó inhabilitar a Anguiano durante 14 años para ocupar cargos públicos y multarlo con 515 millones 174 mil 928 pesos, luego de que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental hizo una revisión excepcional al refinanciamiento de deuda pública por 638 millones de pesos solicitado por Anguiano semanas antes de concluir su mandato.

En el recuento, el órgano de fiscalización detectó que el crédito autorizado por el Congreso local el 21 de septiembre de 2015 no se invirtió en infraestructura pública productiva, como planteó Anguiano en su solicitud, sino en gasto corriente.

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▲ El ex gobernador de Colima Mario Anguiano anunció ayer, en conferencia de prensa, que este jueves se entregará en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ya que no puede pagar los 515.1 millones de pesos que le impuso el Congreso local por el presunto uso indebido de un crédito de 638 millones en 2015.Foto Juan Carlos Flores

Se concluyó que cuando solicitó el reconocimiento de la deuda, el 10 de septiembre de 2015, el ex gobernador presentó información falsa al Poder Legislativo.

Su administración ya no ejerció ese crédito, sino el gobernador interino Ramón Pérez Díaz, en cuyo gabinete ya se encontraba el actual secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García.

El ex mandatario señaló: Mis abogados me han dicho que este expediente transgrede cualquier derecho humano y analizan la posibilidad de no pagar los 515.1 millones de pesos, como ordenó un tribunal federal.

Recordó que su gestión fue auditada cuatro veces y en todas presentamos pruebas. No pudieron comprobar ninguna irregularidad.

Mencionó que por este caso fueron inhabilitados también su ex secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, por cinco años, y la de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández, por cuatro años. Esto, añadió, fue una incongruencia de la justicia federal, ya que se presentaron los mismos elementos de prueba en los tres expedientes y “sólo a mí se me sanciona.

En rueda de prensa, el priísta señaló que se considera un perseguido político de la administración del también priísta Ignacio Peralta Sánchez, ya que la contratación del crédito contó con su aval en su calidad de gobernador electo; incluso pidió a varios diputados aprobar el empréstito.

Solicitó a la población que exija al Congreso investigar al menos casos de corrupción en el gobierno de Peralta Sánchez, entre ellos la adquisición de créditos de corto plazo y la compra de los terrenos de La Campana, en 2014, los cuales, dijo, se los ofrecieron en 90 millones de pesos, pero Peralta Sánchez pagó 80 millones más en 2016.