Buenos Aires. En un sorpresivo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 absolvió al ex presidente argentino, Carlos Menem y al ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina (DAIA) Rubén Beraja, y condenó a siete personas por el encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) ocurrido en julio de 1994, en el contexto del mayor escándalo judicial, cuando esta semana se denunciaron acciones delictivas en las que participan fiscales jueces, organismos de inteligencia, periodistas y medios de comunicación, violando toda norma jurídica y vulnerando el estado de derecho del país.

En el caso de encubrimiento fueron condenados el ex juez Juan José Galeano –quien comenzó la causa AMIA– a seis años de prisión; el ex jefe de inteligencia en el gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy, a cuatro años y seis meses, y el ahora abogado, que entonces vendía piezas de automóviles robados, Carlos Alberto Telleldín, así como otros cuatro acusados.

Es curiosa la absolución de Beraja, quien participó en el pago que hizo el juez Galeano a Telleldín de 400 mil dólares para que inculpara a policías de la provincia de Buenos Aires del atentado desviando la causa, y el ex comisario Jorge Fino Palacio, vinculado al presidente Mauricio Macri, para quien trabajó cuando éste era intendente de Buenos Aires.

Fueron condenados a dos años de prisión los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, que debían investigar el atentado de la AMIA, pero en realidad lo encubrieron junto a Anzorreguy. Esta decisión afecta al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien intentó que estos fiscales fueran salvados, por lo que la organización Memoria Activa, de familiares de víctimas de la AMIA, pidió su renuncia.

Esto sucede cuando jueces y abogados que defienden a funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales y sociales, detenidos ilegalmente, denunciaron la gravedad que se vive a raíz de las revelaciones que surgen de la documentación incautada al agente de inteligencia y falso abogado Marcelo D’Alessio, en la que se advierte un accionar mafioso que denigra a la justicia e involucra a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas de medios como el Grupo Clarín, ligados al gobierno.

Las evidencias muestran la participación en operativos y maniobras, para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión y otros delitos que violan normas jurídicas y han hecho desaparecer el estado de derecho bajo los lineamientos del gobierno actual.

Además, denunciaron las amenazas y control mediante el uso de informes de inteligencia, que comprometen a asesores y personal de la DEA y otras agencias estadunidenses e israelíes en maniobras delictivas, de las que surge la forma en que presionaron a diversas personas y las obligaron a mentir.

El juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien tomó esta difícil causa de la extorsión a un empresario por parte del fiscal Carlos Stornelli, recabó mucha información, que enloda a la justicia ligada al gobierno de Macri en acciones que son comparadas con la forma en que se actuaba durante la pasada dictadura militar (1976-1983).