El empresario habría argumentado que transcurrió, en exceso, el plazo de dos años que establece el artículo 20 de la Constitución para la imposición de la prisión preventiva y que cuando ésta se prolonga de manera excesiva, es contraria a derecho.

Con la demanda, el empresario de origen chino buscaba que le entregaran copia de los registros relacionados con su extradición.

El empresario de origen chino impugnó una fallo que le negó la suspensión definitiva, para que la SRE y la FGR le permitan el acceso y copia de los registros relacionados con el proceso de extradición.