Luego de recibir varias denuncias ciudadanas sobre chorros de líquido con desechos mineros que se vertieron en los predios de personas que viven en los alrededores, personal de la Profepa se presentó en el lugar para hacer una revisión.

Habitantes de la comunidad indígena de Rancho San Miguel acusaron a la empresa Sago de rentar un predio para una planta de cianuración.