La ley que ahora será promulgada fija una nueva modalidad para el cálculo de pensiones de discapacidad y garantiza los servicios hasta diciembre de 2027.
Según el FMI ambas leyes aprobadas por el Congreso argentino significaban un gasto público que ponían en peligro un paquete de rescate de 20 mil millones de dólares firmado en abril.
