El ex funcionario cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión, relacionada con su responsabilidad en los permisos y dictámenes de operación para guarderías y otros negocios.

Acompañados por sobrevivientes, familiares y ciudadanos solidarios, alrededor de tres mil personas marcharon desde las ruinas del inmueble hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.