La defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el 16 de octubre cuando el impartidor de justicia defina si lo vincula o no a proceso.

Han solicitado detalles sobre cómo operan los protocolos, cuándo habrá detectores de metales y cómo van a extender la atención sicológica a quienes lo soliciten, así como saber qué se hará con los alumnos activos del plantel que se autodenominan "incels".