El organismo, que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, sostuvo que la ejecución fue contra un defensor de derechos humanos y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha acción es fundamental porque de ahí viene la recarga de los cuerpos de agua de los mantos freáticos.

Los ataques en el municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas se han agudizado desde el viernes pasado.

Desde el 24 de marzo se intensificó la violencia y el Frayba ha registrado 47 ataques.