Hubo deficiencias técnicas en la licitación, que además fue anulada por la Secretaría Anticorrupción.

Actualmente atiende a población derechohabiente al sur de la Ciudad de México y de los estados de Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero con impacto en 12 millones de personas.

Están en el plan de salud federal con un gasto de $8 mil millones. Atascan ese programa casos de corrupción y mala administración.