El organismo, que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, sostuvo que la ejecución fue contra un defensor de derechos humanos y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado señaló que “como equipo, tenemos claro que se trata de una respuesta ante el trabajo de denuncia del Frayba, que sigue posicionando en el debate público las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Chiapas”.