Margarita Cruz Sánchez, dijo que el caso de sus familiares se suma a los 230 luchadores sociales o activistas que por su labor de defensa de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada desde el 2006 a la fecha.

La Sedena tendría que haber publicado en un diario de circulación nacional el fallo de la Corte y dar a conocer la versión pública de la investigación del caso.