Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, continuará prófugo de la justicia, luego de que una juez federal le negó el amparo contra la orden de aprehensión, por el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad y por el cual cuatro ex colaboradores del michoacano ya fueron vinculados a proceso.

El ex servidor público promovió la demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en ciudad de México, donde también reclamó la orden de comparecencia y presentación girada en su contra. Autoridades federales lo acusan por lo delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

La juez Viridiana Berenice Quiroz, declaró infundados los argumentos del ex servidor público, quien argumentó violación a sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Por ello le negó la protección de la justicia. La togada afirmó que la orden de aprehensión  se justifica por haberse cumplido los requisitos establecidos en propia constitución, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Pero además, coincidió con la juez de control, de que el quejoso no ha podido ser localizado en el domicilio obtenido por la fiscalía federal, pese a su verificación, vigilancia periódica y acercamiento a personas o vecinos del lugar.

Dijo que además quedó evidenciado el flujo migratorio y la posibilidad de que ingrese y salga del país con facilidad, incluso trasladarse a otros estados, pues fueron localizados inmuebles en diversas entidades federativas. 

“Además, por las circunstancias del hecho delictivo, se desprende una posible relación aún después de las funciones que ostentó como servidor público federal; por lo cual, resulta notorio que al tratarse de delitos de alto impacto, está justificada la necesidad de cautela aludida por la fiscalía federal; de manera que, las dos formas de conducción a proceso previas, no surtirían los efectos de comparecencia al proceso”. 

El febrero pasado, la jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, giró la orden de captura en contra de Aureoles Conejo, Corona Martínez, entre otros colaboradores que siguen en proceso. 

Sin embargo, ante la posibilidad de ser encarcelados, el ex gobernador de Michoacán y su ex secretario de Seguridad faltaron a una audiencia en agosto de este año, donde la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría dichos cargos. En aquella ocasión, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, afirmó que los acusados se mantenían prófugos y que la orden de capturan contra Silvano Aureoles y Bernardo Corona es plenamente ejecutable porque no comparecieron, entonces esto refuerza la ejecutabilidad de la orden de aprehensión.