Madrid. España. Un nuevo sobresalto policial sorprendió al gobierno español, del socialista Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un operativo en el que registró 19 sedes de empresas y viviendas y llevó a cabo dos nuevas detenciones, entre ellas la de Antxon Alonso, el empresario vasco y amigo personal del ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, que actualmente está en libertad bajo fianza y procesado por varios presuntos delitos de corrupción.
Además, el Tribunal Supremo confirmo la apertura de juicio oral contra el otro ex secretario de organización socialista con problemas con la justicia, José Luis Ábalos, y a su asesor y hombre de confianza, Koldo García, por una trama de presunto cohecho en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia del covid19.
Los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo español están marcando la actualidad política en el país, sobre todo a raíz de las últimas operaciones policiales, en las que fueron detenidas varias personas que han estado muy próximas al presidente Sánchez, como el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, la ex militante socialista Leire Díez, además de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García y el procesamiento de Santos Cerdán.
En el marco de una de esas presuntas tramas se registraron las sedes de varias de las compañías que pertenecen a la SEPI, como Forestalia en Zaragoza, Sepides, Enusa y Mercasa, y en varios domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, bajo una operación que ordenó el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
La detención del empresario vasco Antxon Alonso fue la más destacada, no sólo por su larga amistad con Cerdán sino porque es el responsable ejecutor de una empresa, Servinabar, que está en el centro de las pesquisas policiales, y a la que también están vinculados tanto el propio Cerdán como Leire Díaz y el ex presidente de la Sepi, que trabajó para la empresa entre mayo de 2021 y febrero de 2023.
Además, en otro operativo, la Policía Nacional española registró la aerolínea Plus Ultra y detuvo a su presidente y Consejero Delegado, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente, en una investigación que fue declarada secreta, pero que pretende aclarar las acusaciones de presunto delito de blanqueo de capitales tras haber sido rescatada después de la pandemia por el gobierno español, que le inyectó 50 millones de euros después de la intervención personal de Ábalos, cuando era ministro de Fomento.
Precisamente en torno a las investigaciones abiertas contra Ábalos, una nueva investigación de la OCU aportó nuevas pruebas en las que concluyeron que la trama le habría pagado al ex líder socialista hasta un millón de euros para que autorizara una licencia para comercializar con hidrocarburos.
