Guadalajara, Jal. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la tequilera Cuervo presentó una denuncia contra el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, pero también contra otros funcionarios del ayuntamiento, en la que se les acusa de extorsión al exigir 60 millones de pesos para no poner los sellos de clausura. 

“Denuncian un cobro excesivo del predial, de los permisos que aparentemente no tenían. Sin embargo refieren que estuvieron haciendo las gestiones necesarias para obtener esos permisos y curiosamente no los han podido obtener. Eso es parte de lo que señalan (contra) los funcionarios del ayuntamiento”, dijo el fiscal, en rueda de prensa este jueves.

El miércoles, representantes de Cuervo y el alcalde Rivera Navarro llegaron a un acuerdo para que el pago de licencias municipales, de operatividad, construcción e impuesto predial de la compañía fuera por poco menos de una tercera parte -algo así como 17 millones de pesos- de la cantidad que el ayuntamiento pedía para no clausurar la planta Cuervo 1800, un emblema de la industria tequilera en general.

La rápida intervención del gobernador emecista Pablo Lemus, ordenando la presencia de policías y bomberos bajo la justificación de que apagar las calderas de forma súbita -como dijo pedía personal municipal de Inspección y Vigilancia- podría hacerlas estallar, impidió que la clausura ocurriera, pero el gobernante dijo que Cuervo estaba en su derecho de denunciar si consideraba haber sido víctima de extorsión, lo que la empresa también rápidamente hizo.

Este jueves, contrario a lo señalado por el gobernador que dijo estar enterado de la existencia de más quejas de tequileras por la supuesta extorsión municipal, el fiscal informó desconocer de otras denuncias más allá de la presentada por la empresa Cuervo.

“Desconozco si en su momento hay otra u otras denuncias que posiblemente las hayan presentado en la Fiscalía Anticorrupción, hay que recordar que también ellos pueden tener competencia al respecto”, dijo González de los Santos. 

El fiscal también afirmó que la investigación está en curso y según lo avanzado hasta ahora la supuesta extorsión a Cuervo estaría vinculada a que no se les entregaron los permisos municipales bajo el pretexto que antes tenían que pagar 60 millones de pesos.