Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades, que concentran concesiones de agua, dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, para destinar sus tierras a parques industriales, complejos habitacionales y desarrollos turísticos, de acuerdo con la Procuraduría Agraria.

El titular de esta institución, Víctor Suárez, señaló que la mayoría de esos territorios cuentan con títulos de concesión de agua, que pasaron a manos de compradores privados, derivado de las reformas salinistas al artículo 27 de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales.

En entrevista posterior al ciclo de conferencias “Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias”, puntualizó que la mayoría de los mil 500 ejidos se ubican en en los cinturones de las áreas metropolitanas colindantes a espacios en crecimiento de ciudades y zonas turísticas, además de las costas del país donde hay una alta especulación inmobiliaria y corredores industriales.

Indicó que la renta o compraventa de tierras se ha llevado a cabo mediante procesos “fuera de la ley” mediante “mafias agrarias”, porque a partir de las leyes salinistas se estableció un “mercado de agua” con el objetivo de transformar los recursos nacionales o sociales en mercancías sujetas a los procesos de acaparamiento.

Suárez expuso, por ejemplo, las 960 hectáreas de tierras en costas de Nayarit –con valor de 50 mil millones de pesos y que equivalen a más de 530 lotes inmobiliaros--, que se apropiaron los ex gobernadores Ney González y Roberto Sandoval, las cuales ya fueron recuperadas por la Fiscalía General de la República.

Al advertir que en el periodo neoliberal la propiedad social de la tierra fue vista como un “botín”, mencionó que menos del 8 por ciento de los más de 32 mil 500 ejidos y comunidades, que concentran 75 por ciento de los recursos naturales estratégicos del país, están en manos de privados.

“Esos ejidos se dedicaron a otras actividades diferentes de la producción agrícola. Pero la mayor parte sigue manteniendo en sus manos la tierra, a pesar de que desde la reforma neoliberal salinista de 1992; en estos 34 años de manera formal han pasado a la propiedad privada, no más de 7 u 8 por ciento de la superficie de propiedad social de la tierra”, comentó.