Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados inició con la discusión de la Ley Federal de Derechos, que representa el primero de los temas relacionados con los ingresos federales para el próximo año. De entrada, el dictamen fue aprobado en lo general con 355 votos de Morena y sus aliados, y 132 votos en contra de los partidos de oposición.

La bancada de Morena expuso que el contenido de la ley representa un aumento a las cuotas y tarifas “para que se refleje el costo real de los servicios públicos” y moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Lo definió como “un acto de justicia que busca cubrir costos de manera eficiente y fortalecer las finanzas públicas del país para que disminuya la brecha de desigualdad y crezcan las oportunidades para todas y todos los mexicanos”.

Por su parte, diputados de los partidos de oposición afirmaron que, al aumentar cuotas migratorias y de algunos servicios, se atenta contra los derechos humanos.

Al exponer el contenido del dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Marcela Michel López (Morena) detalló que se establece una “revisión” de las cuotas por la prestación de servicios en materia sanitaria, servicios aeronáuticos, fitosanitaria y zoosanitaria.

“Se establecen nuevos cobros que no afectan, soy enfática, que no afectan directamente a la población con menores recursos, por ejemplo, los cobros por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como cruceros, o la emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero; el cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y el derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro. Eso sí, manteniendo exentas de cobro a las destinadas para la protección civil y ambulancias aéreas”, indicó.

Entre los cambios que se proponen en el dictamen, se incrementan cuotas migratorias. Para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, pasa de 860.56 a 983 pesos; para los residentes temporales se duplican los costos, por ejemplo, en los permisos por un año, pasa de 5 mil 328 a 11 mil 140.74 pesos, y en los de cuatro años, pasa de 11 mil 984.80 a 25 mil 57 pesos, y para residentes permanentes pasa de 6 mil 494 a 13 mil 578 pesos.

No obstante, en ambos casos establece descuentos de 50 por ciento para quienes acrediten que su estancia en el país tiene el objetivo de “preservar la unidad familiar, oferta de empleo de un empleador con constancia vigente como tal, o por invitación para actividades sin percepción de ingresos”.

En el caso de los pagos por el uso de bienes culturales propiedad de la nación, que incluye zonas arqueológicas y museos, los costos que actualmente varían entre 73 y 95 pesos, pasan a tarifas entre 104.50 y 209.09 pesos con una cuarta categoría que se crea para algunas zonas arqueológicas mayas.

No obstante, a nacionales y extranjeros que residan en el país, que acrediten su nacionalidad y residencia, respectivamente, tendrán un descuento de entre 45 y 50 por ciento dependiendo del sitio que se visite.

La morenista Michel López apuntó que se adecuaron los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con la intención de “ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población que aún no cuenta con tales servicios”.

También se actualizan los derechos por servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional y Bancaria de Valores y que pagan entidades como casas de bolsa y de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, instituciones de banca múltiple y otras instituciones financieras.

Aunque el dictamen no incluye la modificación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano afirmaron que el paquete económico contiene aumento de impuestos, contrario al mensaje del bloque mayoritario.

La panista Noemí Berenice Luna señaló que las adecuaciones a la Ley de Derechos, que contemplan cuánto paga la gente por los servicios de gobierno, “son sencillas de resumir: que todos paguen más; pero que los beneficios sigan sin llegar”, ya que aumentan cuotas hasta en 100 por ciento en trámites migratorios, 16 por ciento en servicios financieros y se elevan costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua.

La política económica de Morena, dijo, “es totalmente recaudatoria: que todos paguen más; pero los beneficios no llegan. La realidad contrasta profundamente con los discursos que aquí traen”.

Por parte de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona aseveró que el gobierno federal planea gastar 10 billones de pesos, pero sólo va a tener 8.5 billones. El priísta Jericó Abramo Masso agregó que el país requiere para estabilizar sus finanzas 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales.